Preguntas Frecuentes sobre Fiscalidad y Hacienda
Respuestas técnicas y claras a las dudas más urgentes sobre notificaciones, plazos procesales, inspecciones y recursos en España.
¿Qué plazo tengo para contestar un requerimiento de Hacienda?
Por lo general, el plazo para atender un requerimiento de información o de documentación es de 10 días hábiles (contados a partir del día siguiente al de la notificación fehaciente, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales). En propuestas de liquidación provisional o trámites de alegaciones de inspección, el plazo suele ser de 10 o 15 días hábiles. Es posible solicitar una ampliación de la mitad del plazo si se solicita con al menos 3 días de antelación al vencimiento.
¿Qué diferencia hay entre una comprobación limitada y una inspección de tributos?
La comprobación limitada es realizada por los órganos de Gestión Tributaria; sus facultades son restringidas (no pueden examinar la contabilidad mercantil general, sino solo registros, facturas y justificantes concretos). La Inspección de los Tributos tiene facultades plenas de comprobación e investigación sobre libros de contabilidad, cuentas bancarias e instalaciones de la empresa.
¿Es obligatorio pagar la deuda si decido interponer un recurso o reclamación?
No necesariamente. Al interponer un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa ante el TEAR/TEAC, se puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto. La suspensión es automática si se aportan avales bancarios o seguro de caución. En supuestos excepcionales donde la aportación de aval cause perjuicios de difícil o imposible reparación, o cuando concurran errores aritméticos palmarios, el tribunal económico-administrativo puede acordar la suspensión sin fianza o con otras garantías reales.
¿En qué consiste el régimen de impatriados o Ley Beckham en España?
Es un régimen fiscal especial (art. 93 LIRPF) que permite a las personas físicas que trasladen su residencia fiscal a España por motivos laborales tributar bajo las reglas del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Esto implica pagar un tipo fijo del 24% por los rendimientos del trabajo obtenidos en España hasta un importe de 600.000€ (el exceso tributa al 47%), y no tributar en España por rentas obtenidas fuera del territorio nacional (salvo inmuebles o rentas generadas en España), durante el año de llegada y los cinco siguientes.
¿Cuándo prescribe el derecho de Hacienda para revisar mis impuestos?
Conforme al artículo 66 de la Ley General Tributaria, prescribe a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, así como la potestad para exigir el pago de deudas liquidadas. El plazo se computa desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, salvo que haya sido interrumpido por cualquier acción administrativa notificada formalmente al obligado.
¿Qué ocurre si la cuota que Hacienda reclama supera los 120.000 euros?
Cuando la cuota defraudada por tributo y año natural supera los 120.000€ y concurre dolo (engaño o artificio consciente para defraudar), los hechos pueden constituir un presunto delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, castigado con penas de prisión de 1 a 5 años y multas de hasta el séxtuplo de la cuota. En estos casos, la regularización voluntaria y completa antes de recibir notificación de inspección o querella judicial neutraliza por completo la responsabilidad penal.
¿Por qué contratar a un abogado fiscalista en lugar de mi asesor contable habitual?
El gestor o asesor contable se encarga habitualmente de la confección de declaraciones y el cumplimiento tributario periódico. Sin embargo, cuando se abre un procedimiento de inspección, sancionador o litigioso, entra en juego el Derecho Procesal y Constitucional. Un abogado fiscalista está especializado en la estrategia probatoria, la impugnación de nulidades procedimentales, la suspensión de ejecuciones y la defensa ante los Tribunales Superiores de Justicia, además de estar amparado por el secreto profesional legal (art. 542 LOPJ).
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